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Las terrazas Covid sobre bandas de aparcamiento desaparecen de las zonas protegidas y «tensionadas»

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Las terrazas Covid que invaden el asfalto tienen los días contados. Desaparecerán de las zonas blindadas de la capital, las ZPAE (Zonas de Protección Acústica Especial) y las ZAP (Zonas Ambientalmente Protegidas), y las denominadas «zonas tensionadas», todavía en el aire. El Ayuntamiento no ha especificado cuántas mesas y sillas de las desplegadas sobre las bandas de aparcamiento madrileñas, un total de 940 veladores que ocupan más de 2.000 plazas verdes y azules, mantendrán su lugar. Las que sí han venido para quedarse son las concedidas de forma excepcional en zonas terrizas y esquinas, y las mesas altas de baja ocupación (una mesita con dos taburetes). El resto de ampliaciones en acera, casi 3.000, recuperarán su tamaño original.

Estas medidas ya están puestas negro sobre blanco en el texto inicial de la nueva ordenanza de terrazas de la capital, aprobada este jueves en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Un documento que es el resultado de meses de negociación con hosteleros, comerciantes y vecinos, y de un tira y afloja en el seno del equipo de gobierno, entre la propuesta más liberal y a favor de los negocios de Ciudadanos y la postura más conservadora del PP. «Madrid no es Ponzano, el 40 por ciento de las terrazas está más allá de la M-30», ha dicho, en la rueda de prensa, la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs), una frase que ha repetido en otras ocasiones para defender las concesiones a la hostelería por los estragos del coronavirus. Buena parte de Ponzano, de hecho, pertenece a una ZAP y, según la normativa, perdería la hilera de terrazas que han proliferado en la carretera. Como decenas de calles en siete distritos de la ciudad.

Estos veladores han provocado conflictos con los residentes en los puntos más saturados de Madrid, los distritos de Chamberí, Salamanca, Chamartín y Retiro, donde se han concedido más terrazas Covid en el último año y medio, y que además son los principales feudos del PP. La calle de Ponzano (Chamberí), donde esta misma tarde se ha convocado una cacerolada, hace meses que es el tártaro vecinal. El Consistorio plantea borrar los veladores de las ZPAE, que engloban Centro, Azca (distrito de Tetuán) y Gaztambide (Chamberí); las ZAP, que marcan varios perímetros de Salamanca, Chamberí, Chamartín y Vicálvaro; y de las «zonas tensionadas», que aún están por definir. «Ya se está trabajando con los distritos», es lo único que ha detallado la delegada del Área de Coordinación, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra (Cs).

El Consistorio se ha marcado el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de la ordenanza en el Pleno para delinear estas zonas rojas. Cada distrito pedirá su declaración, que atenderá a criterios de movilidad y ruido, unas mediciones que dependen del Área de Medio Ambiente y Movilidad, y no podrán ocupar más del 30 por ciento del espacio público. «Si la Comisión de Terrazas determina con informes técnicos que es una zona tensionada, no habrá terrazas en sus bandas de aparcamiento», ha explicado la vicealcaldesa.

Sanciones más duras
La normativa, que no se actualizaba desde 2013, apuesta por endurecer las sanciones. Dos infracciones muy graves o tres infracciones graves en un periodo de dos años supondrán la retirada inmediata de la licencia de terraza. «No se puede tratar igual a los hosteleros que cumplen que a los que incumplen, que causan la mayoría de las molestias», ha señalado Villacís. Además, los hosteleros deberán pagar una tasa específica que supondrá unos 2,9 millones de euros extra para las arcas municipales en 2022. Otra novedad, que según ha trasladado la vicealcaldesa ha sido «bien acogida» en las reuniones preliminares, es la creación del «representante de la terraza», un mediador en contacto con los vecinos y el Ayuntamiento.

Terrazas aparte, la nueva ordenanza permite, por primera vez, la figura del ‘food truck’, que podrán solicitar su licencia como si fueran quioscos, y contar con una terraza. «Es el mismo procedimiento, tendrán que pedirlo a la Junta de Distrito», ha apuntado Saavedra. Ahora, el texto entra en la fase de alegaciones, que tendrán que ser revisadas una a una, y en las negociaciones con el resto de grupos municipales. «El texto de ninguna manera es definitivo, nos abrimos a negociar con todos los partidos políticos», ha insistido Villacís. El objetivo es conseguir la ratificación final antes de que acabe el año.

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