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Libertad provisional para los otros tres funcionarios prisiones investigados por meter droga para presos

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Los tres funcionarios de prisiones que quedaban aún encarcelados por la presunta trama de tráfico de drogas en el penal de Navalcarnero salieron a última hora de la tarde de ayer en libertad provisional.
La investigación, por cohecho, prevaricación, delito contra la salud pública y organización criminal.

La juez de Instrucción número 6 de esa localidad, que es la que lleva el caso, tomó la decisión después de que la del juzgado número 1, en funciones de guardia, le entregara el asunto y se levantara el secreto de sumario. Hay que recordar que la Guardia Civil detuvo a otros dos compañeros de los encartados, pero que no llegaron a ser privados de libertad tras abonar fianzas de 5.000 euros.

La operación Orión arrancó hace algo menos de dos años, tras la denuncia de la madre de un preso que puso en conicimiento del director de Navalcarnero lo que le había pedido el reo: necesitaba que ingresara dinero en la cuenta de un tercero porque lo debía de una compra de droga y se la tenían jurada. Llamó la atención que, en plena pandemia y con las visitas suspendidas primero y luego contadas, hubiera tanta droga, en este caso hachís, moviéndose en la cárcel. Porque lo habitual es que quienes la metan sean los familiares y allegados en los vis a vis o en las visitas rutinarias.

La investigación se llevó a cabo con varios registros, en los que no se halló droga, pero que contó con varios testimonios de reclusos que afirmaron que un clan dominicano era el que les vendía el ‘chocolate’.

Las pesquisas de la Guardia Civil concluyeron que esta mafia, a cambio de dinero, presuntamente encargaba, por intermediarios de fuera, a los funcionarios encargados que metieran la droga, así como teléfonos móviles. Las investigaciones, en la que no han faltado pinchazos telefónicos y registros, culminó hace dos semanas con la
detención de cinco funcionarios y 13 personas más
(seis presos y el resto, familiares). La trama, supuestamente, consistía en que los parientes de los encarcelados pasaban hachís a los empleados de Navalcarnero, que lo metían como paquetes en el centro aprovechando que no son sometidos a controles.

Calculan que manejaron 100.000 euros, que pagaban por transferencias en al menos tres cuentas a nombre de testaferros. En los registros en celdas y taquillas no se han hallado estupefacientes, pero sí instrumentos de consumo.

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